Otro elemento de antecedente es la denuncia hecha desde la Legislatura, de que al pedir información al Consejo Nacional Electoral, de cómo y quién financió las campañas de Lasso, les habrían entregado sólo de los años 2013 y 2017 pero que se negaron a enviar o no enviaron sin explicación alguna, del año 2021, justo en estas mismas semanas en que los periodistas de La Posta publicaron que el hoy prófugo y tristemente célebre Chérrez, amigo personal de Danilo Carrera, cuñado de Lasso y presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, citara -al parecer en un audio grabado por la unidad policial antinarcóticos y difundido por La Posta, que ellos (él y la mafia albanesa) habrían aportado más de un millón de dólares a la campaña electoral del ahora presidente.

Cualquier situación similar y de menor gravedad incluso, en cualquier otro país con élites económicas, bancarias, sociales y mediáticas menos sinvergüenzas, ya habría llevado a cualquier Presidente a renunciar por dignidad y sangre en la cara debido a los gravísimos riesgos que un caso de esa magnitud atrae a toda la población y a la honra de una nación.

Sólo en este quinquenio, enumeren cuántos jefes de Estado han puesto su renuncia en el mundo y encargado al vicepresidente o al legislativo el cargo hasta que culminen las investigaciones y empiece una transición. Pero en esos países no hay ministros Cucalones que amenacen con cerrar al poder legislativo si siguen investigando y le llaman a juicio al mandatario. Ni hay periodistas de la élite, medios hegemónicos y voces de alquiler que en coro se pasen defendiendo lo indefendible y a un gobierno manchado y con tan grave mal olor, sólo por terror a que “vuelva el tirano Rafael Correa”.

Pero el contexto en que se produce la amenaza grave a la diputada y sus padres, que ella ha denunciado en Fiscalía, es también un contexto de indignación social, política y ciudadana mayoritaria, expresada en la apabullante derrota en elecciones y en la consulta, propinada por el pueblo al Guillermo Lasso y a su grupo de poder el 5 de febrero. Así como en los preparativos de movilizaciones sociales indígenas y urbanas, anunciadas para repudiar el caso de corrupción más vergonzoso y peligroso de las últimas cuatro décadas.