Carrillo era el ministro del Interior durante las protestas lideradas por el movimiento indígena contra la carestía de la vida y la política económica del Gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso, que duraron dieciocho días y que se saldaron con siete fallecidos, entre ellos seis manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos, y un militar.

El informe de la Comisión de Fiscalización debatido por el pleno de la Asamblea determinó que los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes revelaron falta de planificación del exministro, así como también un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.

También advirtió de que la toma de la Policía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para impedir la reunión de los manifestantes en su interior implica una transgresión a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Unesco.

Antes de la salida de Carrillo del cargo sucedió el femicidio de la abogada María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía por su marido, un instructor de Policía que trabajaba en ese recinto policial y que trató de ocultar el cuerpo hasta que fue encontrado después de diez días de desaparecida.

El caso Bernal se tornó en uno de los más alarmantes de violencia machista de Ecuador y la madre de la víctima llegó a calificarlo como un crimen de Estado al suceder en un espacio donde la fuerza policial debía supuestamente de proteger a su hija de cualquier amenaza.

En la sesión de la Asamblea compareció personalmente el exministro Carrillo para defenderse de las acusaciones, ratificarse en su actuación al frente de la cartera del Interior y asegurar que su juicio político era "intrascendente", una "desfiguración de la democracia" y "una dimensión revanchista de quienes no pueden sobrevivir si no son Gobierno".

Carrillo argumentó que la actuación policial ante las protestas buscaba evitar la violencia y llegó a citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para afirmar que "en el año 2019, determinó que los Estados tienen el deber de adoptar medidas para evitar la violencia".

Asimismo, se ratificó en su convicción de que los manifestantes buscaban subvertir el orden democrático.

Sobre la actual crisis de inseguridad que golpea a Ecuador, el exministro señaló que es histórica y sin precedentes y no responde a su gestión de cinco meses al frente de la cartera de Interior, y acusó a líderes opositores de tratar de sacar provecho político de cada suceso.

Esta es la segunda censura aprobada por la Asamblea a un exintegrante del Gobierno de Guillermo Lasso después de que la semana pasada también fuese inhabilitada por dos años la ex ministra de Salud Ximena Garzón en otro juicio político.