Esta decisión no implica un proceso inmediato contra Lasso, sino que el trámite sigue hacia una nueva instancia, el Consejo de Administración Legislativa, donde si es aprobado deberá ser enviado a la Corte Constitucional, que finalmente decidirá si cumple con los requisitos formales para enjuiciar al gobernante de 67 años.

La semana pasada una comisión legislativa, en su mayoría de oposición, presentó un informe de un presunto caso de corrupción y supuestos vínculos de allegados al poder con grupos delictivos y recomendó que el presidente Lasso sea sometido a un juicio político de censura y destitución, además de omisión en delitos contra la administración pública.

Si el pedido de los legisladores es admitido en todas las instancias deberá volver al Legislativo, en dos o tres semanas, para iniciar formalmente el juicio que podría demorar un mes. Para la destitución al menos 92 legisladores deben votar a favor de un total de 137.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, había dicho que el contenido del informe carece de sustento porque, según afirma, “no hay una sola prueba que no sean conjeturas de medio pelo”. También ha señalado que la oposición legislativa está jugando a la ruleta rusa para ver si alguna causal surte efecto contra el mandatario.

El caso se hizo público en el portal digital La Posta, que reveló una investigación de la policía entre junio de 2022 y enero de 2023, cuando fue archivado por recomendación judicial y de la Fiscalía por la falta de elementos contundentes.

Esta es la segunda vez que el Legislativo busca sacar al mandatario del poder. La primera vez fue en junio del año pasado, cuando no logró completar los 92 votos necesarios luego de un paro indígena que derivó en violentas protestas durante casi tres semanas para exigir la reducción del precio de los combustibles. Lasso, un ex banquero de derecha, inició su gestión de cuatro años en mayo del 2021.