La Asamblea Nacional había aprobado esta reforma el pasado 7 de mayo, con el objetivo de garantizar la entrega oportuna de recursos a prefecturas y municipios. La ley buscaba asegurar que los ingresos, tanto permanentes como no permanentes, se asignaran directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), permitiéndoles una mayor autonomía y capacidad de gestión financiera.

Dado que se trata de un veto total, la Asamblea Nacional no podrá reconsiderar este proyecto legislativo hasta un año después de la objeción. Esto implica que las prefecturas y municipios no recibirán los beneficios propuestos por la ley en el corto plazo, lo que podría generar tensiones adicionales entre los gobiernos locales y el Ejecutivo.

Este veto es el segundo emitido por Noboa en un corto período, indicando una posible estrategia del Ejecutivo para mantener un control más estricto sobre las finanzas públicas y las políticas fiscales. La decisión ha exacerbado las tensiones recientes entre el Gobierno y el Legislativo, reflejando una dinámica de poder compleja en la política ecuatoriana.

Las reacciones de los miembros de la Asamblea Nacional y de los gobiernos locales serán cruciales para entender las implicaciones políticas de este veto. Es probable que surjan críticas y debates sobre la necesidad de una mayor autonomía financiera para los GAD y la capacidad del Gobierno central para gestionar los recursos de manera eficiente.