Algunos asambleístas consideran este conflicto un "distractor" de los problemas reales del país, mientras que otros creen que es la última estrategia de Noboa para deshacerse de Abad. La imagen del presidente ha caído en las últimas semanas, y su conflicto con Abad podría tener consecuencias negativas para su reelección.

Según el abogado constitucionalista Esteban Ron, el gobierno ha intentado varias estrategias para forzar la salida de Abad, incluyendo la revocatoria de mandato, el abandono de cargo y un juicio electoral. Sin embargo, todas estas estrategias han fracasado. Ahora, la última carta del gobierno parece ser un juicio político contra Abad, basado en causales como cohecho, concusión o delitos contra la administración pública.

El asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye ha indicado que el caso de Abad es un asunto penal, actualmente en fase de indagación previa y bajo reserva de la Fiscalía. Para Peñafiel, el conflicto entre Noboa y Abad es un distractor de problemas más graves en el país, como la inseguridad y el desempleo.

Por otro lado, la asambleísta Paola Cabezas de la Revolución Ciudadana ha declarado que su bancada no está interesada en el conflicto, considerándolo un asunto judicial. La RC había intentado solicitar un cambio en el orden del día para exhortar al presidente a que encargue la presidencia a Abad, en un esfuerzo por respetar la paridad y los derechos alcanzados por las mujeres.

En resumen, la relación entre Daniel Noboa y Verónica Abad sigue siendo tensa, con implicaciones políticas y legales que podrían afectar la estabilidad del gobierno y su futuro político.