El estado de excepción afecta a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y al cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de Azuay. A diferencia de anteriores decretos, en esta ocasión Quito ha sido incluida debido al preocupante aumento de la criminalidad.

Según el documento, la capital ha sido escenario reciente de atentados violentos y decomisos de armas, lo que evidenció la presencia de redes narcocriminales que operan dentro de la ciudad.

La Policía Nacional ha informado que en diversos allanamientos se han incautado fusiles, granadas y explosivos, y varios ataques armados en sitios públicos –incluyendo el asesinato de una funcionaria del servicio penitenciario– han agravado la inseguridad en sectores residenciales y comerciales.

Entre las medidas establecidas, el decreto impone un toque de queda en 20 zonas de las provincias afectadas, como Camilo Ponce Enríquez (Azuay), Durán, Balao y la parroquia Tenguel (Guayas), Babahoyo, Buena Fe, Quevedo y otros distritos de Los Ríos, así como en La Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto (Orellana). Esta restricción de movilidad estará vigente desde las 22:00 hasta las 5:00, con el objetivo de reducir la actividad delictiva durante las horas nocturnas, consideradas las más críticas.

El estado de excepción también suspende temporalmente ciertos derechos constitucionales, como la libertad de reunión y asociación, para permitir la actuación más efectiva de las fuerzas del orden. El uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía ha sido autorizado de manera extraordinaria, bajo un enfoque subordinado y complementario a las autoridades civiles de seguridad.

Informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas destacan que Ecuador ha dejado de ser solo un país de tránsito de drogas para convertirse en un actor clave del narcotráfico internacional, lo que ha intensificado la violencia.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, desde enero de 2024 se han registrado 500 homicidios intencionales, muchos de ellos en masacres que involucran entre dos y diez víctimas, lo que evidencia una estrategia criminal diseñada para causar terror en la población y en las fuerzas de seguridad. Estas cifras revelan un nivel alarmante de organización y violencia por parte de los grupos criminales.

Además, el decreto subraya el creciente problema de violencia en las cárceles del país. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ha informado sobre operativos en los que se han incautado armas y explosivos dentro de los centros penitenciarios, lo que demuestra la conexión entre los crímenes cometidos dentro y fuera de las prisiones.

El estado de excepción tendrá una duración inicial de 60 días, con la posibilidad de extenderse por 30 días más si la situación lo requiere.