El gobierno de Noboa intensifica la represión con el estado de excepción, mientras la violencia continúa
El gobierno de Daniel Noboa ha intensificado su estrategia de represión en Ecuador, con un nuevo estado de excepción declarado en Quito y siete de sus 24 provincias, las más afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico. Esta medida, que suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y correspondencia, ha sido vista como un intento desesperado del Ejecutivo por contener la creciente crisis, sin abordar las verdaderas causas de la violencia.
El decreto presidencial, que entró en vigencia el jueves y tendrá una duración de 60 días, afecta a las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, así como a las amazónicas de Orellana y Sucumbíos.
Daniel Noboa extendió el estado de excepción en diez zonas de Ecuador con fuerte presencia de bandas criminales - Infobae https://t.co/DXe2YFssrv
— LatinRisk Argentina (@LatinRisk) January 4, 2025
Además de suspender derechos fundamentales, la medida ha sido criticada por su enfoque militarista, al poner bajo control de las fuerzas armadas no solo las calles, sino también el sistema penitenciario, que ha sido clave en el aumento de la violencia.
Desde que asumió el poder en noviembre de 2023, el gobierno de Noboa ha recurrido de manera continua al estado de excepción, en un contexto donde los grupos narco-criminales disputan el control territorial mediante una violencia desenfrenada. Sin embargo, las críticas se intensifican por el uso de la fuerza militar, la cual ha exacerbado las violaciones de derechos humanos y ha generado una sensación de impunidad.
A pesar de que el decreto justifica la medida como respuesta a "el incremento de índices de violencia", las organizaciones sociales han denunciado que el gobierno de Noboa no ha logrado implementar políticas efectivas para combatir las causas profundas de la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades y el narcotráfico.
De hecho, en diciembre de 2024, la muerte de cuatro adolescentes, quienes fueron detenidos en un operativo militar y encontrados incinerados cerca de una base aérea, desató una ola de indignación. Los responsables, 16 soldados, enfrentan cargos por desaparición forzada, lo que ha puesto en evidencia la peligrosa tendencia de militarización de la seguridad pública.
Además, la implementación de un toque de queda de siete horas en diversas localidades ha sido vista como una medida arbitraria, que restringe aún más las libertades de los ciudadanos, mientras que el gobierno sigue sin abordar de manera efectiva los problemas estructurales que alimentan la violencia en el país.
Con una tasa de homicidios que ha alcanzado niveles récord en 2023, Ecuador ha dejado de ser una isla de paz en la región y ha caído en una espiral de violencia que parece no tener fin. La respuesta del gobierno, lejos de ser una solución, ha sido un aumento en la militarización y la represión, con el riesgo de perder de vista los derechos humanos en su afán de controlar la situación mediante el miedo y la fuerza.