En lugar de actuar con inteligencia y soluciones estructurales, Noboa se limita a ofrecer un apoyo incondicional a las fuerzas del orden, dejando claro que su enfoque sigue siendo superficial y falto de medidas contundentes que resuelvan la problemática de fondo.

El ataque, perpetrado por al menos 20 hombres fuertemente armados, dejó un saldo trágico de muertes en el barrio de Socio Vivienda 2, epicentro de la masacre. Según informes, los atacantes ingresaron desde una zona montañosa y abrieron fuego indiscriminadamente, ejecutando a sus víctimas, muchas de las cuales intentaron huir sin éxito.

La Policía, en su intento por justificar la masacre, ha afirmado que entre los fallecidos había personas con antecedentes penales, lo que subraya una vez más el enfoque limitado de las autoridades, que no logran ver más allá de la criminalización de las víctimas y el narcoestado que ha crecido a sus espaldas.

La reacción del gobierno, lejos de ser una estrategia de largo plazo, se ha limitado a un despliegue policial masivo en Nueva Prosperina, con más de 200 allanamientos y 14 personas detenidas, entre ellas dos adolescentes.

Si bien los operativos han incautado armas y drogas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto más tendrá que sufrir Ecuador antes de que el gobierno de Noboa haga frente de manera integral y profunda a las causas que alimentan la violencia y el narcotráfico en el país?

El respaldo a las fuerzas de seguridad, expresado por Noboa a través de un indulto presidencial, solo revela la falta de compromiso con un enfoque más justo y menos represivo.

La militarización de las zonas afectadas por la violencia, lejos de ser una solución efectiva, parece más bien una medida desesperada que no resuelve el problema, sino que lo agrava, especialmente cuando se carece de políticas sociales, educativas y económicas que desmantelen las estructuras criminales desde su raíz.

El Presidente se limita a ser un espectador de una crisis que ya se ha salido de control, mientras la sociedad enfrenta una creciente desprotección.

Los operativos en Guayaquil y la continua militarización de las zonas conflictivas se enmarcan en el estado de excepción impuesto por Noboa, un intento más de poner parches en un sistema que necesita una reforma profunda. A medida que la violencia aumenta, la falta de respuestas claras y efectivas de este gobierno sigue siendo alarmante.

Mientras el crimen organizado se expande con total impunidad, el gobierno de Noboa continúa demostrando que, lejos de ofrecer soluciones, se limita a aplicar medidas superficiales y a seguir de cerca el creciente descalabro de un país que ya se encuentra al borde del colapso.