El ministro de Gobierno, José De la Gasca, dejó en claro la estrategia oficialista al afirmar que la sanción impuesta a Abad le impide ejercer sus funciones, lo que la excluye automáticamente de la línea de sucesión presidencial.

"El camino estaría libre para que el presidente pueda encargar debidamente el poder en buenas manos", señaló en una entrevista radial, reforzando la idea de que Noboa no permitirá que la vicepresidenta recupere su rol.

La sanción contra Abad, dictada por violencia política de género tras una denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld, no implica su destitución, pero la inhabilita de facto.

Esto le impide no solo asumir el cargo de presidenta en caso de ausencia de Noboa, sino también ejercer las funciones diplomáticas que el mismo mandatario le había asignado en Turquía. Ahora, el gobierno exige que regrese a Ecuador a cumplir su sanción, limitando aún más su margen de acción.

El oficialismo ha convertido la sanción en una herramienta para justificar la imposición de un reemplazo. Según De la Gasca, la "ausencia temporal" de Abad es un caso de "fuerza mayor", lo que habilitaría a Noboa a designar a uno de sus ministros como su sucesor temporal.

Sin embargo, esta maniobra ya fue declarada inconstitucional en la primera vuelta electoral, cuando Noboa intentó evitar que Abad asumiera y nombró en su lugar a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración.

A pesar de que la Constitución obliga a los candidatos en funciones a solicitar licencia para hacer campaña, Noboa aún evalúa si tomará la licencia completa hasta el 10 de abril o solo algunos días a la semana.